El 12 de septiembre el Secretario General del sindicato abertzale LAB, Díez Usabiaga ha sido citado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska acusado de pertenecer a ETA. En este momento LAB es la única entidad jurídica del entorno de la izquierda abertzale que aún es legal. Que el sindicato obrero que agrupa a centenares de delegados y representa a miles de trabajadores vascos sea lo más duro de roer para el aparato del Estado se debe a las tradiciones de lucha y la fuerza de la clase trabajadora vasca que en estos momentos tiene uno de los índices de conflictividad más altos de todo el Estado.
En estos momentos más de 200.000 trabajadores siguen con sus convenios sin firmar en el País vasco debido a la intransigencia empresarial que se niega tajantemente a reducir la jornada laboral, apuesta por una mayor flexibilidad laboral y subcontratación así como una continua reducción de costos laborales a costa de los trabajadores. Los ataques al sindicato abertzale son un regalo para la patronal vasca y un ataque directo al movimiento obrero.
El proceso de ilegalización de la izquierda abertzale, uno de cuyos motores es el aparato judicial del estado que ha demostrado carecer de cualquier independencia, fue impulsado por el acuerdo PP-PSOE con la Ley de Partidos y llevado a cabo por la burguesía vasca. Uno de los últimos capítulos de este proceso, se ha vivido este verano cuando el PNV ha reprimido con violencia la manifestación convocada por Batasuna en San Sebastián a favor del proceso de negociación, provocando decenas de heridos y 7 detenidos. Dicho proceso que ha inundado los juzgados y las cárceles con decenas de jóvenes cuyo único delito era estar organizados en asociaciones para luchar por mejorar sus condiciones de vida en vivienda, educación, euskera etc. no tiene nada que ver con la pretendida lucha contra el terrorismo. Para la burguesía se trata de cortar la cabeza de los sectores más combativos entre la juventud y la clase trabajadora. El Partido Popular que acusa a cualquier militante, simpatizante o votante abertzale de ser de ETA, acusará a cualquier trabajador afiliado o votante de LAB de pertenencia, financiación o apoyo a banda armada por la misma razón si prospera el juicio contra Usabiaga.
La criminalización de LAB, exactamente igual que el encausamiento de los dirigentes del PCTV (EHK) a los que se amenaza con enviar a prisión por pertenencia a ETA, forma parte de una estrategia de provocación de aquellos sectores del aparato del Estado que quieren desbaratar el proceso de negociación abierto tras la propuesta de Anoeta.
Provocaciones contra una posible negociación
La Ley burguesa que en épocas de ascenso del capitalismo en los países avanzados trató de dar una imagen de equidad, en esta época de decadencia del sistema no duda en llevar a cabo auténticas aberraciones jurídicas como las que se están produciendo en el caso de presos de ETA que han cumplido íntegramente su condena como De Juana, y de decenas de imputados por “colaboración” con ETA.
Los marxistas siempre hemos denunciado el carácter totalmente contraproducente de los métodos del terrorismo individual practicados por ETA. Pero por su parte la represión del Estado como vemos en Palestina, Chechenia o en Irak, sólo agravará los problemas y frustrará las soluciones. Eso es precisamente lo que pretenden los sectores del aparato estatal que han hecho grandes carreras y han obtenido suculentos privilegios durante la existencia de ETA.
La máxima responsabilidad para que se siga llevando en la práctica la misma política de recortes de los derechos democráticos en Euskal Herria es fundamentalmente de la dirección del PSOE. El gobierno de Zapatero si de verdad quiere solucionar la cuestión nacional debería liderar la defensa de los derechos democráticos en lugar de recortarlos. La persecución del gobierno de UPN en Navarra a la ikurriña en Tafalla, haciendo un desplante ante la exhibición de la bandera vasca por los dantzaris y exigiendo explicaciones al alcalde del PSOE, la reacción del PP apoyando a los guardias civiles de Roquetas que mataron a palos a un vecino que acudió a pedirles ayuda, las declaraciones del ministro Bono en defensa de la guardia civil, demuestran la necesidad de depurar el aparato del Estado de torturadores y fascistas y romper con la política instaurada por el PP durante sus ocho años de mandato.
La solución a la cuestión nacional en las nacionalidades históricas debe pasar por la derogación de la Ley de Partidos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación vinculándolo a un programa auténticamente socialista para transformar la sociedad.
