A comienzos de este año, el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). De convertirse en ley, la libertad para publicar cualquier tipo de opinión en la red dejará de existir: la Administración podrá censurar y multar hasta con cien millones de pesetas cualquier información que considere ilícita, desde las publicadas por medios de comunicación digitales hasta las publicadas por simples usuarios particulares. Para ello se creará un Registro en el que se irán almacenando todos los datos relativos a los diferentes sitios (propietario, domicilio, teléfono, etc...). De esta manera pretenden sujetar a control la única fuente de información hasta ahora no controlada directamente por las grandes empresas de la comunicación. Así es como entiende el PP la libertad de expresión: cuanta menos libertad mejor.
Desde siempre los marxistas hemos insistido en el valor que tiene para la burguesía la dominación ideológica. Cuando la tecnología aún no estaba tan desarrollada el control se daba mediante el dominio ideológico de la religión, el analfabetismo; más tarde la prensa, la radio, la televisión y ahora le llega el turno a Internet. Esta última tecnología les aterra algo más, ya que cada vez un número mayor de personas pueden publicar su opiniones y acceder a las del resto, a diferencia de los grandes medios de comunicación anteriores que desde el principio estuvieron en manos de la burguesía. Por ello el PP, aún cuando el Estado español es uno de los países del mundo desarrollado con menor acceso a la red, no quiere perder el tiempo y ha lanzado ya este Anteproyecto.
La LSSI viene a ser un complemento más a la política del gobierno del PP de ataques a los derechos democráticos. Cada vez más, y con distintas excusas, el cerco a la ya limitada libertad de expresión se cierra más. Con las leyes antiterroristas en la mano ahora persiguen a cualquier grupo o persona que exprese opiniones contrarias a la postura oficial con el terrorismo. Desde luego esto es sólo el principio: no es la primera vez que una ley destinada a la lucha contra el terrorismo se convierte en un arma del gobierno para atacar a organizaciones de izquierda, como es el caso de la Ley Corcuera. Ahora en el caso de Internet, la excusa es el negocio alrededor de la pornografía infantil y los sitios que incitan a la violencia: pero igual que con las leyes antiterroristas, la LSSI podrá ser aplicada contra cualquier organización de izquierdas.
Ante esto, las organizaciones de izquierda tienen el deber de plantear públicamente el trasfondo de la LSSI y proponer una alternativa que pase por el máximo respeto a la libertad de expresión a la vez que adopte mecanismos contra los responsables de los sitios relacionados con el negocio de la pornografía infantil y los sitios de índole fascista, que precisamente lo que persiguen es acabar con cualquier tipo de libertad.
