El pasado 26 de julio el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Calidad de la enseñanza con el objetivo de que durante el primer trimestre del curso 2002/03 esta nueva contrarreforma educativa esté zanjada. Estos son los planes del PP. SMiriam Muncio

Secretaria general del Sindicato de Estudiantes

El pasado 26 de julio el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Calidad de la enseñanza con el objetivo de que durante el primer trimestre del curso 2002/03 esta nueva contrarreforma educativa esté zanjada. Estos son los planes del PP. Sin embargo, el curso pasado el gobierno se encontró con la respuesta masiva de los jóvenes en la calle contra la LOU y la Ley de Calidad y, posteriormente, con la del conjunto de trabajadores en la impresionante huelga general del 20 de junio, donde los jóvenes también jugamos un papel destacado. La derecha ha tenido en la juventud la principal oposición a su política, demostrando que no estamos dispuestos a acatar su política reaccionaria sin más. Y, nuevamente, se encontrarán con la oposición masiva en la calle de los estudiantes desde el inicio de curso.

Una ley contra la calidad de la educación pública

Mientras el PP anunciaba a bombo y platillo que esta Ley iba a ser el remedio a todos los males de la enseñanza, la realidad es muy distinta. Encima de la mesa está el intento por parte de la derecha de profundizar en lo que, en los seis años que lleva en el poder, ha sido la tónica dominante de su política: la privatización de la enseñanza pública.

Durante todo el curso pasado y tras siete huelgas generales, el único argumento que el Ministerio de Educación (MECD) utilizó contra nosotros fue el insulto. Cuando luchamos contra la LOU, Pilar del Castillo afirmó en distintas ocasiones que era falso que se fueran a recortar las becas o a subir los costes de las matrículas universitarias. Sin embargo, este año el MECD ha dejado a 8.000 estudiantes sin beca compensatoria (la beca que reciben los sectores más desfavorecidos) y va permitir que el incremento de las tasas pueda llegar hasta el 7’6% (El Mundo, 13/06/02). ¿Cuántas familias habrán tenido un incremento salarial de ese tipo?

En cuanto a la Ley de Calidad, con el texto en la mano también se demuestra que los únicos que mentían eran ellos. Habrá reválida o Prueba General de Bachillerato al terminarlo (si no se aprueba no tendremos el título de bachillerato y no podremos ir ni a la universidad ni a la FP superior, donde todos los años hay decenas de miles de no admitidos). Habrá itinerarios, es decir, nos separarán según nuestro rendimiento académico; desde los doce años nos etiquetarán y nos dirán quienes estamos capacitados para seguir estudiando y quienes sólo para trabajar. Pretenden crear grupos separados del resto desde primero de la ESO, a los que llamarán "grupos de refuerzo educativo". Sin embargo, no son clases de apoyo ni desdobles, como están tratando de vender siguiendo la línea de la mentira y la confusión que caracteriza a la derecha. Serán grupos separados para los estudiantes con más dificultades. Así quiere acabar el PP con el fracaso escolar: creando un "itinerario" ya desde los doce años donde ir metiendo a aquellos estudiantes que le sobran. Esto es una renuncia a combatir el fracaso escolar y es una forma de quitarse el problema de encima convirtiéndolo, posteriormente, en un fracaso social. Aquellos que suspendan serán expulsados precipitadamente al mercado laboral con baja cualificación para ser carne de explotación del empresario de turno.

Uno de los argumentos de los que ha hecho bandera el MECD para justificar esta contrarreforma han sido las elevadas cifras de fracaso escolar. Sin embargo, una vez más, como ya ocurriera cuando anunciaron la desaparición de la prueba de selectividad —que en la práctica significaba la introducción de una doble selectividad: reválida y prueba de acceso por universidad— mienten descaradamente. Los datos, del propio Ministerio, hablan por sí solos: en diez años (1989-1999) el fracaso escolar en la secundaria se ha reducido un 13’4%, llegando a afectar al 23,6% de los estudiantes en este tramo educativo. El PP ha utilizado este argumento como una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas y justificar sus contrarreformas. Desde luego, el SE no está satisfecho con estos datos, somos los primeros interesados en que se termine con este problema que se ceba fundamentalmente a los sectores sociales más desfavorecidos. Por eso reivindicamos un plan de financiación de la enseñanza pública que permita la construcción de más plazas, la contratación de más profesores para reducir la masificación, etc.

Más privilegios y dinero público para la privada

Además, con esta ley, se va a permitir que los centros seleccionen a sus alumnos teniendo en cuenta el expediente académico. Así, introducirán la competencia entre institutos, creando centros de primera y de segunda categoría. También, podrá haber centros que elijan qué itinerarios van a dar. ¿Dónde se impartirán los "itinerarios basura"? Desde luego no en la privada, que como estamos viendo selecciona a sus alumnos y se niega a escolarizar a los inmigrantes sin que el Ministerio se lo impida (a pesar de que el Estado, con el dinero de todos, financia íntegramente los gastos de los centros privados concertados). Ahora se negarán a impartir este itinerario, quedándose con los estudiantes más "brillantes". De esta manera, pretenden degradar la educación pública y convertirla en un gueto.

Queda claro para quién gobierna el PP: para los sectores más ricos y privilegiados de la sociedad. Precisamente por eso quieren concertar con la privada toda la enseñanza infantil de 3 a 6 años. ¡En vez de crear escuelas infantiles de calidad, regalan nuestro dinero a los empresarios de la enseñanza privada con el objetivo de hacer cantera!

Por ejemplo, en Madrid, la Consejería de Educación suprimió mil plazas públicas de 3 a 6 años el curso pasado, a la vez que ha anunciado para este curso que se subvencionarán alrededor de 300 aulas privadas más (más de 6.000 plazas escolares). Pero esto no es una excepción, en el borrador de memoria económica de la Ley de Calidad se ve cuáles son las prioridades de la derecha: ¡más del 80% del presupuesto iría destinado a la enseñanza privada!

Tampoco podemos olvidar que la mayor parte de los centros privados están controlados por la jerarquía de la Iglesia católica. Siguiendo sus dictados pretenden recuperar la asignatura de religión como asignatura evaluable en primaria y secundaria e imponer una asignatura optativa obligatoria también evaluable, incluso en Bachillerato.

Unidad de padres, profesores y estudiantes

Las magníficas movilizaciones del curso pasado, que culminaron con la huelga general del 20 de junio, pusieron de manifiesto el rechazo de millones de jóvenes y trabajadores a la política del PP. Todas las contrarreformas en el terreno educativo no están aisladas del resto de ataques contra los trabajadores y sus familias: privatización de la sanidad y la educación pública; moderación salarial y empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores; abaratamiento de los despidos y más precariedad en el trabajo a través de las distintas contrarreformas laborales; "decretazo", etc. Por eso, el SE va a participar de forma activa en la manifestación convocada para el 5 de octubre por CCOO y UGT en Madrid contra la reforma del desempleo. Vamos a exigir la retirada del decretazo y de la Ley de Calidad en la calle.

Desde el SE creemos firmemente que es posible ganar a la derecha, pero con una condición: la movilización masiva, unitaria y en todo el Estado del conjunto de la comunidad educativa. A lo largo del curso pasado insistimos una y otra vez a los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs, CGT y a la CEAPA, en la necesidad de convocar una huelga general de toda la comunidad educativa y una marcha a Madrid con centenares de miles de personas, como un primer paso para frenar esta ley. El Sindicato de Estudiantes sigue defendiendo este camino como el único posible para frenar esta contrarreforma. Por primera vez, los dirigentes sindicales del profesorado y de los padres han anunciado que están de acuerdo. Esto es un paso fundamental para poder dar la batalla contra la Ley de Calidad en las mejores condiciones. Para garantizar el éxito de esta huelga es necesario que se concrete ya en una fecha para la segunda quincena de octubre. Además, hay que sacar las lecciones de la lucha contra la LOU, cuando la magnífica marcha del 1 de diciembre no tuvo ninguna continuidad por parte de los dirigentes sindicales del profesorado. En este sentido, la huelga general debe ser un primer paso de un calendario de movilizaciones que vaya a más hasta echar atrás esta ley y que termine con una nueva huelga general de trabajadores contra el Gobierno del PP.

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