"La reactivación (económica) no está cuajando. Se crea un empleo temporal que desaparecerá cuando acaben las obras. Si no se corrige esto, la situación será caótica. Se está fuera de tiempo en estructuras, en suelo industrial, en creación de empleo... Quiero creer que (esta vez) el compromiso de la SEPI va en serio".
Este es el análisis que Maximino García, secretario de la Federación Minerometalúrgica de CCOO hacía de la situación de las comarcas mineras el sábado 23 de marzo en el diario La Nueva España. El día anterior, el mismo Maximino García, junto con José Ángel Fernández Villa (secretario general del SOMA-UGT), firmaba el Convenio Colectivo de la empresa Hunosa, y daban por concluidas las negociaciones sobre el nuevo Plan de la Minería.
Este último acuerdo minero plantea la reducción de un 33% de la plantilla (2.622 prejubilaciones), el cierre de dos pozos (Figaredo, en la cuenca del Caudal, y Pumarabule, en Siero) y la disminución de un 20% de la producción. A cambio la SEPI ofrece la "creación" de 650 puestos de trabajo, si bien un gran número de ellos serán incorporaciones que están pendientes de cumplir desde el último acuerdo. Por supuesto, también hay promesas de inversiones, que a la vista de anteriores compromisos, no tienen ninguna intención de realizar. Un plan, en definitiva, continuista con las políticas de desindustrialización y destrucción de empleo que asolan las comarcas mineras desde hace años.
De hecho, el acuerdo no difiere prácticamente en nada del que proponía el gobierno, y en aquellos puntos en que han retrocedido (como la privatización de la térmica de la Pereda), no hay ninguna garantía de que no se planteen nuevos ataques en un futuro más o menos próximo.
Se han oído voces críticas contra el acuerdo e incluso se ha expresado el rechazo rotundo al mismo, sobre todo en el pozo Pumarabule, donde se ha desarrollado durante doce días un encierro, con compañeros de todos los sindicatos. Se han realizado paros en solidaridad con estos compañeros, en los pozos Candín y Montsacro, Pero, si bien la Corriente Sindical de Izquierdas, ha estado en todo momento a la cabeza de estas movilizaciones, la postura de la dirección de CCOO y UGT ha sido ignorarlas totalmente. También la prensa, desde cuyas páginas se han oído decenas de alabanzas a la "responsabilidad" de los dirigentes sindicales, y a las bondades del nuevo plan, ha silenciado vergonzosamente las voces de protesta de estos trabajadores.
¿Por qué no han luchado los mineros?
Desde que a principios de los 90 comenzara en Hunosa la reconversión, el discurso que se ha trasladado a los trabajadores ha sido siempre el mismo: "la minería no tiene futuro", "las empresas públicas están abocadas a desaparecer". Una y otra vez, frente a la voluntad de lucha de los mineros, las cúpulas sindicales de CCOO y UGT han firmado pactos que se concretaban en cierre de pozos y disminución de plantilla. Ahora, estos mismos dirigentes se atreven a manifestar, más bien en privado que en público, que los trabajadores "no quieren luchar", y por lo tanto, lo único que pueden hacer es negociar el "mal menor".
Pero este cuadro de desmovilización generalizada no es exactamente así. Cuando la SEPI anunció sus intenciones de llevar a cabo una nueva reconversión, el ambiente que se respiraba en los tajos era el de que sería necesario luchar. El propio Villa amenazó con convocar movilizaciones durante la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, que tendrá lugar en Oviedo en el mes de abril. Pero a medida que fueron pasando los días, se hizo evidente que no había ninguna intención de movilizar a nadie. Fue esta actitud de las direcciones sindicales la que minó gradualmente la confianza de los mineros, y no a la inversa, como pretenden hacernos creer.
Frente a los planes de la SEPI, los dirigentes sindicales debían haber defendido los intereses de los trabajadores, a quienes representan, y haberse negado a aceptar cualquier nueva destrucción de empleo, en tanto no se crearan los puestos de trabajo alternativos a los que desaparecen. Debían haber recurrido a la movilización, no sólo de los mineros, sino de la población y de todos los sectores cuyo futuro depende de las minas. Debían haber planteado una huelga general en las comarcas mineras, y si fuera necesario en toda Asturias, para defender un sector tan importante como éste. Debían haber buscado la unidad con la minería metálica de Huelva y con otros sectores que también estén luchando por su futuro, para tener más fuerza frente al gobierno. Solamente después de haber dado una batalla clara, estarían autorizados para decir que el acuerdo obtenido era "el mejor que se ha podido lograr".
Este ha sido el primer ajuste minero que se ha saldado sin luchas, pero esto no quiere decir que satisfaga a los trabajadores. Frente a lo que pudiera parecer, el prestigio de los dirigentes de CCOO y UGT no ha salido fortalecido, sino todo lo contrario. Ante los ojos de una gran parte de la plantilla y de la población de las comarcas mineras, ellos son los principales responsables de esta situación. El hecho de que la oposición a esta política no se haya expresado de una manera clara y generalizada, obligando a las cúpulas sindicales a rectificar, demuestra que el ambiente de desánimo e impotencia, fruto precisamente de la línea sindical desarrollada en los últimos años, ha pesado más que el descontento ante el nuevo ataque.
Pero esta es sólo una cara de la moneda. El malestar y el sentimiento de que una y otra vez somos los trabajadores quienes pagamos el precio de las sucesivas crisis económicas, es también una realidad. Bajo esta superficie de aparente calma se está gestando una situación muy distinta. Si los actuales dirigentes sindicales no rectifican su política de pactos y acuerdos con el Gobierno, serán los propios trabajadores quienes les obligarán mañana a ponerse al frente de la lucha, o a abandonar la escena sindical de una vez por todas.
