Los trabajadores del transporte por autocares, interurbanos, discrecional y de largo recorrido de Madrid, están en lucha desde el pasado 21 de marzo, día que empezaron una serie de jornadas de huelga para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. Como siempre ocurre en movilizaciones que afectan a un servicio público (además hay que añadir que se han producido en las vacaciones de Semana Santa afectando a cientos de miles de viajeros), la campaña de descrédito de los enemigos de ésta y de cualquier otra movilización, está siendo muy intensa.
Por supuesto, entre los que vierten lágrimas de cocodrilo por las repercusiones sociales de esta lucha está el Sindicato Libre de Transporte, sindicato amarillo y corporativo alineado en las cuestiones importantes con la patronal.
Estas huelgas se producen después de que la mesa negociadora constituida en diciembre de 2001, haya celebrado ocho reuniones sin que la patronal haya dado la más mínima muestra de acceder a ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores.
Las más importantes de éstas son: subida sobre el salario base de 75 euros (12.500 pesetas); hay que recordar que este salario base oscila entre 577 y 625 euros (96.000 y 104000 pesetas); y del IPC más un punto en el resto de los conceptos salariales. En lo que se refiere a la jornada laboral, se exige que de una vez por todas se regule. En concreto piden llegar a las 35 horas semanales, que en la práctica serían 55 con las 20 horas de disponibilidad. También piden la regulación de los descansos con 48 horas ininterrumpidas y la libranza de cuatro domingos de cada doce. Las condiciones de trabajo se caracterizan por la existencia de jornadas reales de trabajo de 10 a 14 horas diarias, según se trate de transporte regular o discrecional, en aplicación de Reglamentos y Directivas europeas sobre jornadas especiales de trabajo que obligan a sumar a la jornada de 40 horas otras 20 horas semanales "a disposición" del empresario como horas "de presencia". A ello hay que añadir la ausencia de descansos diarios y semanales suficientes y continuados.
La patronal ofrece el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios para los próximos años con cláusula de revisión, es decir, seguir manteniendo unos salarios muy bajos y una jornada laboral desregulada que en la práctica significa que el trabajador ésta prácticamente siempre a disposición de la empresa.
No contentos con estas pretensiones, han negado, en la práctica y con la colaboración de la Consejería de Transportes de Madrid, el derecho a huelga a los trabajadores intentando imponer unos servicios mínimos abusivos (50 y 60% para servicios regulares y el 100% para transporte escolar y de trabajadores).
Las principales empresas afectadas son Auto Res, Continental Auto, la Sepulvedana y Daibus; estas empresas, las más importantes del sector además de Alsa, se beneficiaron de la privatización en 1999 de Enatcar, repartiéndosela a precio de saldo. A partir de ahí, se aceleró el proceso de concentración empresarial en el sector, fortalecido con la entrada de empresas como ACS (Actividades de Construcción y Servicios) que se hizo con el control de Continental Auto. ACS obtuvo unos beneficios netos en 2001 de 149,23 millones de euros (24.829 millones de pesetas) y Continental Auto aumentó sus ventas en más de un 15%. Por su parte, Auto Res aumentó sus ventas en 2000 hasta llegar a los 10.349 millones de pesetas, lo que supuso un incremento del 53,35% con respecto a 1999. Estos son algunos datos que demuestran que el sector está en plena expansión, pero parece que en los planes de mejora no entran las condiciones de trabajo de las plantillas.
Esta actitud provocadora de la patronal ha radicalizado la lucha de los trabajadores y les ha reafirmado más en su decisión de luchar por sus justas reivindicaciones. Reunidos en asamblea decidieron no cumplir los servicios mínimos, acuerdo que se ha cumplido en todas las jornadas de huelga celebradas hasta el momento (21 y 22 de marzo y 27 y 28 del mismo mes), que además han sido secundadas por la práctica totalidad de los trabajadores llamados a la movilización (10.000, de los que 8.000 son conductores).
La lucha se encuentra en un momento decisivo. La patronal está intentando utilizar a los trabajadores de otras provincias para quitar efectividad a la huelga. Pensamos que los sindicatos convocantes UGT, CCOO y USO, deberían de reforzar los llamamientos a estos trabajadores para que no participen en estas medidas rompe huelgas, a la vez que estudian la posibilidad de extender la lucha a otras comunidades donde los trabajadores del sector, muy probablemente, se encuentren con las mismas necesidades. Por su parte los trabajadores, después del último fracaso de las negociaciones celebradas el lunes 1 de abril, han planteado una huelga indefinida a partir del 8 de este mes.
Desde estas páginas seguiremos atentamente el conflicto, dispuestos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades a los trabajadores en esta lucha. Además, el comité de empresa de Telefónica Móviles de Madrid discutirá en breve la forma concreta de solidarizarnos con estos trabajadores.
