El anuncio de la SEPI de cerrar tres pozos de Hunosa de aquí a 2005 (Candín en Langreo, Pumarabule en Siero y Figaredo en Mieres), la privatización de la térmica de la Pereda, y la liquidación de los economatos y algunos lavaderos supone un paso deciEl anuncio de la SEPI de cerrar tres pozos de Hunosa de aquí a 2005 (Candín en Langreo, Pumarabule en Siero y Figaredo en Mieres), la privatización de la térmica de la Pereda, y la liquidación de los economatos y algunos lavaderos supone un paso decisivo hacia el desmantelamiento final de la minería en Asturias y un golpe de muerte para el futuro de las comarcas mineras.

Desde que en los años ochenta, comenzó la reconversión minera, HUNOSA ha ido perdiendo pozos, plantilla y producción. El cuadro es muy gráfico, respecto a la trayectoria de la empresa en las últimas décadas.

Año

Plantilla

Producción pozos

Núm. ( Tm)

1970 26.632 4.092 28

1975 24.719 4190 27

1982 21.168 4.354 23

1986 20.756 3.654 24

1991 17.941 2.612 20

1993 12.187 2.588 14

1997 9.300 2.500 11

2001 6.200 2.100 11

Las reconversiones mineras han destruido empleo por miles (según estimaciones sindicales, en los últimos 20 años 16.000 empleos directos y entre 50 y 60 mil inducidos), mientras las iniciativas reindustrializadoras no han creado más que unas decenas. La renta se mantiene vía prejubilaciones y jubilaciones, pero los jóvenes no encuentran trabajo, aumenta la emigración y lo peor todavía está por llegar.

Todos los acuerdos firmados por los dirigentes sindicales durante la última década han defraudado las expectativas con las que los mineros habían ido a la lucha. Ocurrió tras la lucha de 1992, cuando los mismos dirigentes que se encerraron en el pozo Barredo y afirmaban que nunca aceptarían el desmantelamiento de Hunosa, echaron un jarro de agua fría sobre los trabajadores firmando meses después un acuerdo a espaldas de éstos que aceptaba la liquidación paulatina de la minería a la que asistimos desde entonces.

Volvió a pasar en 1998. Como denunciábamos los que rechazamos el acuerdo, nada de éste se ha cumplido salvo la reducción de empleo. La plantilla, que debía ser de 6.500 como mínimo en 2001, a 31 de diciembre de 2000 es de 6.200 trabajadores, se crean 186 puestos sobre los 325 comprometidos, de los cuales 87 son temporales y 8 en prácticas. Las cantidades invertidas en estos proyectos suman 3.644,4 millones sobre los 20.000 acordados en el plan, más de la mitad de los nuevos negocios alentados son pequeñas o medianas empresas, a excepción de Rioglass (fábrica de parabrisas para coches: 3.000 millones de inversión), que compromete 120 empleos y ha creado 70.

Pero, hasta el momento, a pesar de la gravedad de este nuevo ataque al empleo, los dirigentes de SOMA-UGT y CCOO ni están reuniendo a los mineros para explicarles qué están negociando con la SEPI y someterlo a su decisión en las asambleas, ni han llamado a movilizarse a la población de las cuencas. El riesgo de que acepten nuevas destrucciones de empleo y firmen un nuevo acuerdo en la línea de los anteriores es un peligro muy real.

Es imprescindible que los jóvenes y los trabajadores empecemos a organizarnos ya para impedir que lo hagan y forzar una respuesta a la altura de las circunstancias. Esta respuesta debe movilizar a toda la población y pasa por una huelga general en las comarcas mineras. Al mismo tiempo, hay que buscar también la coordinación y unificación con los trabajadores de la minería metálica de Huelva y Sevilla que llevan ya varias semanas en lucha. Eso intensificaría enormemente la presión sobre el gobierno de Aznar.

ÚLTIMA HORA __________________________________

Como preveíamos en el artículo, los dirigentes sindicales del SOMA-UGT y CCOO llegaban el 8 de marzo a un acuerdo sobre el futuro de Hunosa con la SEPI, cuya firma definitiva esta pendiente del cierre de la negociación que paralelamente mantienen sobre el convenio de la empresa. Dicho Acuerdo supone el cierre de 2 de los 3 pozos previstos (Figaredo y Pumarabule) y 2.622 prejubilaciones frente a un compromiso de 550 nuevas incorporaciones. Esto supondría, en caso de que el acuerdo sea cumplido, una destrucción de 2.072 empleos, un 33% de la plantilla (más que en el acuerdo de 1998, que recortó un 29% el numero total de trabajadores).


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