El acuerdo establece una subida salarial de un 3,3%. Es cierto que se trata de una subida superior a la que el gobierno propuso en los Presupuestos Generales del Estado (2%), motivada sin duda por el miedo que le ha despertado la lucha; pero ese 1,3% no es más que una lavada de cara, veamos como nos afecta:
· Un 0,71% que iría a pagas extras incrementándolas en un 20% del complemento de destino. Subidas de este tipo provocan la apertura del abanico y favorecen a los que tienen los salarios más altos, hubiera sido mucho más acertado aplicarlo en el salario base. Aceptar cambios de este tipo demuestra un mínimo conocimiento de cómo se accede a los complementos de destino: por reclasificaciones que realiza unilateralmente la Administración, o por concursos absolutamente perfilados que se convierten en la realidad en libres designaciones encubiertas.
· Un 0,59% para fondos adicionales destinados a retribuir jornadas partidas, reclasificaciones, etc.
Para 2004, más de lo mismo. La subida sería de 1,2% sobre las previsiones de inflación, que se desglosaría en un 0,72% para las pagas extras y un
0,48% para abrir un plan de pensiones que sólo afectará a los trabajadores de la Administración central.
De la bondad de este acuerdo baste señalar que los empresarios han solicitado su aplicación a las empresas privadas, ya que no sólo no garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos últimos años de congelación salarial (más de tres puntos), sino que nuevamente se sitúa por debajo del crecimiento real del IPC, que en octubre alcanzaba el 4%, muy lejos de las previsiones del gobierno. Tampoco se recoge cláusula de revisión salarial y al ser un acuerdo bianual hipoteca también nuestros salarios para el año que viene.
Empeoramiento de las condiciones de trabajo
El acuerdo no supone ni un avance salarial ni un avance en las condiciones de trabajo. Los empleados públicos somos un colectivo que aún mantenemos “ciertas” condiciones de trabajo y el gobierno no está dispuesto a que eso continúe siendo así. Además del gasto que suponemos para conseguir el déficit cero somos un mal ejemplo para el resto de trabajadores que podrían pensar en equipararse con nosotros, si consigue doblegarnos no habrá espejo en el que mirarse para ningún otro. Así el gobierno ha conseguido flexibilizar la movilidad funcional y geográfica que podrá realizar la administración unilateralmente, ampliar horarios, estableciendo la jornada partida y lo que eufemísticamente llaman externalización de servicios que no es otra cosa que más privatización a través de la subcontratación, permitiendo que en el mismo puesto de trabajo haya compañeros con diferentes salarios, categorías y condiciones laborales.
Lo más grave de todo esto es que este acuerdo se alcanza sin la participación de los afiliados y trabajadores, en la constante reducción de la democracia interna del sindicato a la que nos viene acostumbrando la actual dirección. Se alcanza un acuerdo con la oposición manifiesta del sector crítico, que representa un 30% del sindicato, y de numerosas federaciones, entre ellas Madrid, Asturias, Baleares, La Rioja...
Es preciso que la actual dirección de CCOO saque las conclusiones necesarias de los últimos procesos de movilización que hemos tenido en nuestro país, que han dejado claro en primer lugar el descontento acumulado por los trabajadores y su voluntad de lucha contra la política antisocial del gobierno del PP y en segundo lugar la debilidad clara del gobierno que, ante el empuje de los trabajadores en la lucha, ha tenido que rectificar en parte de sus planes.
El acuerdo para la función publica ni mucho menos es el mejor posible, los dirigentes han renunciado a dar una batalla, a movilizar a los empleados públicos, que sin lugar a dudas, estamos dispuestos a luchar para recuperar el terreno perdido.
