En el momento de cerrar esta edición, los dirigentes de las federaciones de CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo con las administraciones regional y central para que avalen un crédito de PYMAR (sociedad estatal de pequeños y medianos astilleros) al prEn el momento de cerrar esta edición, los dirigentes de las federaciones de CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo con las administraciones regional y central para que avalen un crédito de PYMAR (sociedad estatal de pequeños y medianos astilleros) al propietario de Naval Gijón por 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) que evite, al menos de momento, la suspensión de pagos anunciada por el empresario.

Este acuerdo, presentado por los propios dirigentes sindicales como un respiro temporal, permitirá pagar las deudas a los proveedores y compañías auxiliares (que mantenían paralizado el astillero) y prejubilar a 76 de los 242 trabajadores actualmente en plantilla. Según los dirigentes de CCOO y UGT, aseguraría el futuro del astillero durante dos años al permitir finalizar un quimiquero noruego en construcción y contratar un nuevo buque cuyo casco se fabricaría en Ucrania y cuyo acabado se realizaría en Gijón. Sin embargo, el otro sindicato presente en el Comité, la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), excluido de la negociación, considera esta nueva ayuda un parche y denuncia que dar más dinero a fondo perdido al empresario no solucionará nada. Según la Corriente, en poco tiempo el astillero puede encontrarse nuevamente al borde del cierre pues su deuda supera el crédito concedido y el barco previsto no da empleo a toda la plantilla.

Prepararse para nuevas batallas

Los gobiernos central y autonómico han tenido que conceder esta nueva ayuda para intentar aplazar un enfrentamiento con un colectivo de trabajadores conocido por su combatividad, máxime cuando podía coincidir con posibles conflictos en la factoría gijonesa de Aceralia y en Mina La Camocha (en parecida situación a Naval). Esto demuestra que había condiciones para lanzar una lucha unitaria por un plan que garantizase el futuro de estas empresas y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Si los dirigentes de CCOO y UGT planteasen una alternativa que ilusionase y unificase a todos estos trabajadores se podría arrancar mucho más.

El futuro de Naval sigue pendiente de un hilo, el propio administrador afirmaba en La Nueva España (20-11-02) que tras estas prejubilaciones deberían venir otras que dejen la plantilla en 100 o 115 trabajadores.

Dice que con esa plantilla Naval será rentable y permanecerá abierto, pero son las mismas promesas que hemos escuchado tras anteriores recortes de empleo. Tras el acuerdo, aceptado por los dirigentes de CCOO y UGT y rechazado por la CSI, que supuso el despido de los eventuales, también se prometió que garantizaría la rentabilidad e incluso que los eventuales volverían a través de una bolsa de trabajo, nada de eso fue cumplido y ahora se destruye más empleo. Naval Gijón ha pasado de 700 trabajadores en 1984 a 166 tras las actuales prejubilaciones.

Por una alternativa que unifique a la plantilla

Esta experiencia, y la evidencia de que lo que se estaba negociando no garantizaba el futuro de todos, ha dividido a la plantilla. Una parte importante de la misma, encabezada por la CSI pero que incluye a bastantes trabajadores no afiliados a este sindicato, decidió respetar cualquier paro que se convocase pero no participar en los cortes de tráfico mientras no hubiese una asamblea general de trabajadores que discutiese una alternativa global que garantizase el futuro de todos los trabajadores.

La única alternativa que puede asegurar esto (tanto en Naval como en La Camocha y otras empresas en crisis) es la nacionalización de la empresa con la participación de los trabajadores en su gestión y la sustitución de cada prejubilado por un nuevo trabajador en idénticas condiciones.

La experiencia de Naval y otras empresas demuestra que los empresarios privados no tienen ningún interés en mantener abiertas estas fábricas en crisis e invertir en ellas. En Naval esto se ve agravado por un evidente pelotazo urbanístico. Los empresarios privados sólo buscan llenarse los bolsillos con las ayudas del Estado y cuando llegue el momento especular con los terrenos.

Los marxistas de El Militante intervinimos tanto en la puerta de la empresa como en el corte de tráfico realizado defendiendo la nacionalización de la empresa para mantener todos los puestos de trabajo y planteando la necesidad de una asamblea general de trabajadores que decidiese los objetivos y estrategia de la movilización. También coincidimos con los compañeros de la Corriente en defender que no podían ser excluidos bajo ningún concepto de la negociación, al tiempo que opinábamos que si estos compañeros no participaban en las acciones (como protesta contra la actuación de la mayoría del Comité) les sería más difícil convencer de sus propuestas al resto de la plantilla y cambiar el rumbo de la lucha.

Lo más positivo de este aplazamiento es que da algo más de tiempo para que los trabajadores puedan prepararse para la batalla por la supervivencia del astillero que inevitablemente, y más pronto que tarde, se va a librar.

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