Recientemente el SOMA-UGT anunciaba la posibilidad de convocar movilizaciones en las comarcas mineras, debido a la intención del Gobierno de aplicar un nuevo recorte, sobre el que ya estaba previsto, a la producción carbonera de Hunosa. Esto pone enHace menos de un año que se firmó el último gran acuerdo minero entre el gobierno y las direcciones sindicales de UGT y CCOO. En aquel momento se justificó su aceptación porque, en teoría, garantizaba el futuro de la empresa pública y despejaba el horizonte más allá del año 2005. Entre las medidas que contemplaba el plan minero estaba una nueva reducción de plantilla, mediante la prejubilación de 2.700 trabajadores, el cierre de varios pozos, etc. Como contrapartida se acordaron nuevas incorporaciones y algunos proyectos empresariales, de escasa entidad, que no paliaban ni de lejos la destrucción de puestos de trabajo que provocarían estas prejubilaciones.

La CSI fue el único sindicato que en aquel momento apostó decididamente por la movilización para oponerse al nuevo ataque. Es cierto que el Sector Crítico de CCOO también se manifestó contrario al acuerdo pero, finalmente, esto no cristalizó en un apoyo a las movilizaciones convocadas por la CSI. Finalmente el duro encierro que protagonizaron en el pozo Pumarabule varios trabajadores (afiliados tanto a la CSI como a CCOO y UGT) no impidió que las direcciones de CCOO y UGT firmaran el acuerdo con el gobierno. Es necesario recordar todo esto porque, como explicábamos entonces, aquel ataque no iba a ser el último.

El gobierno y la patronal no han acometido las sucesivas reconversiones mineras con el objeto de garantizar la viabilidad de la minería pública. Su objetivo es, en última instancia, el desmantelamiento del sector, exactamente igual que hizo Margaret Thatcher en Gran Bretaña. El mantenimiento de un sector público fuerte, bien gestionado, que contemple salarios y condiciones de trabajo dignas es algo que no interesa lo más mínimo a la derecha ni a los empresarios, quienes sólo buscan el máximo beneficio, sin importarles los costes sociales que tengan sus actuaciones.

El futuro en juego

Si no han echado el cierre a Hunosa definitivamente es porque aún no se ven lo suficientemente fuertes para enfrentarse frontalmente con los mineros. Pero esto no será siempre así. Cada nuevo ajuste debilita y merma la capacidad de presión de los trabajadores. Por otro lado, la reconversión minera no afecta solamente a los trabajadores de Hunosa, ni siquiera a los de las empresas que realizan labores auxiliares de todo tipo. Las consecuencias que tiene en el conjunto de la clase obrera, en el plano político y sindical, son también muy graves. Con la lenta muerte de la minería, junto con la de otros grandes sectores como el naval, desaparece también poco a poco el referente para toda una nueva generación de jóvenes trabajadores, quienes sólo conocen las jornadas laborales extenuantes, los bajos salarios, la falta de libertades sindicales y la temporalidad. Justamente ese es el mercado laboral que le gusta a la derecha.

Consideramos totalmente necesaria esta movilización que está planteando el SOMA-UGT, pero creemos que sólo supondrá un respiro temporal, en tanto no se aborde una lucha decida para recuperar el terreno perdido. Para conseguirlo es necesario no sólo garantizar el mantenimiento de la producción pactada, sino la demanda de un plan serio de rejuvenecimiento de las plantillas, que palie el impacto que las prejubilaciones tienen sobre el empleo, y lo más importante: la lucha para exigir una industrialización integral de las comarcas mineras. Lo contrario significa abandonarlas a su suerte y condenar, más temprano que tarde, a miles de jóvenes al paro o a la emigración

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